El vocero Adrián Ravier abordó la situación del crédito bancario, el financiamiento de las rutas nacionales y la gestión del gabinete. Además, reafirmó la postura de no intervenir en los contratos entre privados.

En la habitual conferencia de prensa de los martes en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, detalló los ejes de la gestión económica del Poder Ejecutivo nacional. Durante la exposición ante los medios acreditados, el funcionario argumentó que el plan de estabilización fiscal implementado por el Gobierno constituye la herramienta central para contener la inflación y responder de forma indirecta a la problemática del endeudamiento familiar. En ese sentido, sostuvo que la preservación del equilibrio en las cuentas públicas funciona como ancla económica para estabilizar los niveles de mora en el sistema financiero.

Al referirse a la situación crediticia de los sectores endeudados, Ravier ratificó que el Estado no implementará programas de auxilio financiero ni inyecciones de fondos extraordinarios. El portavoz definió la temática de la mora crediticia como una cuestión a resolver en el ámbito del sector privado, señalando que existen instancias de negociación entre las entidades bancarias y los deudores para reestructurar compromisos mediante plazos extendidos e intereses reducidos. Según indicó, los indicadores recientes muestran una desaceleración en el crecimiento de los niveles de mora.

En el marco de las consultas sobre la ejecución presupuestaria del Tesoro, el portavoz hizo referencia a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, relativas al destino de las partidas. Ravier aseguró que los recursos correspondientes a los 4 billones de pesos se encuentran depositados en las cuentas comerciales del Tesoro Nacional y que la trazabilidad de los fondos está garantizada de acuerdo con los mecanismos de auditoría vigentes dentro de la administración pública centralized.

Respecto al mantenimiento de la infraestructura vial federal y el uso del impuesto a los combustibles líquidos, el vocero aseveró que la administración nacional cumple estrictamente con el marco legal. Explicó que la gestión lleva adelante un cambio de modelo en la gestión de las carreteras, abandonando el esquema tradicional centrado en Vialidad Nacional para avanzar hacia un sistema basado en la inversión privada directa y la licitación de trazas comerciales.

Sobre este punto, la vocería precisó que el Ejecutivo avanzó con la licitación de 9.000 kilómetros de rutas nacionales priorizadas por sus volúmenes de tránsito, con previsión de ejecución operativa hacia el mes de octubre. Asimismo, el funcionario destacó el inicio de negociaciones y acuerdos bilaterales con distintas administraciones provinciales para concretar la transferencia directa de la gestión de ciertos tramos viales a las jurisdicciones subnacionales que así lo solicitaron.

Durante el encuentro periodístico, Ravier fue interrogado sobre el presente del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tras los recientes debates en el Congreso y las medidas de fuerza en el sector portuario. El portavoz desestimó las versiones de cambios en el Gabinete y ratificó la continuidad del funcionario, destacando el volumen de desregulaciones normativas implementadas desde esa cartera con el respaldo del Presidente de la Nación y del equipo de gobierno.

En el tramo final de la conferencia, se abordaron las declaraciones del oficialismo sobre la existencia de corrientes críticas o animosidades hacia el país en ámbitos internacionales. Ravier atribuyó estas percepciones a factores relacionados con el contexto deportivo internacional y a la proyección pública de las ideas liberales del Presidente. Ante preguntas sobre expresiones del dirigente brasileño Flavio Bolsonaro respecto al financiamiento de estas corrientes por parte del gobierno de Brasil, el vocero enmarcó esas afirmaciones dentro del debate político interno del país vecino.

De esta manera, el Gobierno nacional ratificó las prioridades de la gestión pública centradas en la contención de la inflación, la desregulación estatal y la atracción de capitales privados para la infraestructura pública. Las definiciones expuestas en la sede de gobierno reafirmaron la política de no intervención en el mercado de crédito particular y la continuidad de las reformas estructurales en las dependencias del Estado.